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Desde mediados del siglo XIX, la producción de azúcar de caña se desarrolla en la provincia de Tucumán, para rápidamente convertirse en una industria hegemónica a nivel político y económico. Su consolidación como centro monoproductor de azúcar generó una gran demanda de trabajo, local y migrante, manejada mediante mecanismos coercitivos de captación y retención de mano de obra cómo las leyes de la vagancia y la papeleta de conchabo. Además de estos medios de reclutamiento forzoso, el mercado de trabajo de la zafra y los ingenios se destacó históricamente por sus condiciones de explotación, reducción a la servidumbre y precariedad sanitaria.

La industria azucarera tucumana, en crisis desde 1910, emprendió a partir de 1928 una política cultural de alcance nacional, con el objetivo de consolidar la idea del industrial azucarero como benefactor de la patria, y a la masa trabajadora de ingenios y fincas como los representantes de la identidad nacional autóctona. Liderado por Ernesto Padilla a través de la Universidad de Tucumán y el Gobierno provincial, y apuntalado ideológicamente en el nacionalismo romántico y el positivismo, este proceso promovió la investigación del folclore poético y musical en el noroeste argentino y estimuló su enseñanza en todas las escuelas del país. De esta forma, coplas, zambas, vidalas, bagualas y todas las variantes de las melodías indígenas llamadas joi joi, expresiones culturales de dichas poblaciones en precarias condiciones de vida y trabajo, fueron canonizadas como referentes de la “argentinidad auténtica”.

A partir de la conformación de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA) en 1944, los trabajadores y trabajadoras de la industria azucarera avanzaron en la sanción de leyes laborales, crecimiento de la sindicalización y mejora de sus condiciones de trabajo, consolidándose como uno de los gremios más importantes y combativos del país.

El avance de la crisis de la industria azucarera tuvo un punto culmine en la implementación del “Operativo Tucumán” en 1966, por parte del gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía. En nombre de la racionalización y diversificación de la industria local, el plan implicó la intervención, desmantelamiento y cierre de 11 de los 28 ingenios existentes, como medidas de “saneamiento” de la economía provincial. Este proceso generó la exclusión de aproximadamente 250.000 trabajadores y 11.000 pequeños productores cañeros. En respuesta a dicha situación, y en alianza con los movimientos políticos estudiantiles, la FOTIA y otros gremios desarrollaron un proceso de lucha y protesta, que tuvo como expresiones máximas las 3 puebladas desarrolladas entre 1968 y 1971, popularmente conocidas como “Tucumanazos”.

La llegada de la dictadura militar de 1976 recrudeció la persecución y el asesinato de los líderes sindicales azucareros. En la actualidad, se continúa investigando sobre estos crímenes perpetrados por las fuerzas de seguridad del gobierno de facto, así como la complicidad y responsabilidad civil de los empresarios y dueños de los ingenios.

http://www.saij.gob.ar/responsabilidad-empresarial-delitos-lesa-humanidad-tomo-represion-trabajadores-durante-terrorismo-estado-ministerio-justicia-derechos-humanos-nacion-lb000183-2015-11/123456789-0abc-defg-g38-1000blsorbil